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El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es el documento electrónico que funge como respaldo legal, tributario y fiscal, al acreditar de manera fehaciente y transparente las operaciones comerciales de los contribuyentes conforme a las disposiciones fiscales vigentes. Su expedición tiene como propósito cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo y forma, deber establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF).
En principio, el CFDI acredita las operaciones comerciales que efectúan los contribuyentes, tanto en calidad de enajenantes de bienes o prestadores de servicios, como de adquirentes. Permite que dichas operaciones sean del conocimiento de la autoridad fiscal y, a la vez, facilita y simplifica el cumplimiento de las obligaciones de los pagadores de impuestos. De igual manera, fortalece la labor de supervisión de las autoridades hacendarias al reflejar información esencial: la identidad de quien enajena el bien o presta el servicio y de quien lo adquiere, la fuente del ingreso o egreso, el desglose de impuestos pagados y la fecha de la transacción.
Actualmente resulta indispensable comprender y dominar los criterios emitidos tanto por las autoridades administrativas como por los órganos jurisdiccionales, ya que son la base para definir la actuación de los contribuyentes frente al fisco. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha potenciado sus denominadas facultades de gestión, que constituyen hoy su principal herramienta de verificación. Mediante sistemas tecnológicos avanzados, el SAT procesa y cruza en tiempo real la información contenida en los CFDI, generando macrodatos que permiten detectar inconsistencias, errores u omisiones en las operaciones declaradas. En este contexto, la prevención de contingencias fiscales se convierte en un elemento estratégico, pues no solo evita litigios y sanciones, sino que otorga mayor certeza jurídica a los contribuyentes.
Contradicción de criterios.
En el marco del análisis constitucional de las disposiciones que regulan el plazo para cancelar los CFDI, surgió un conflicto interpretativo entre distintos Tribunales Colegiados de Circuito respecto a la procedencia de la suspensión en los juicios de amparo promovidos en contra de tales normas. Mientras uno de los órganos jurisdiccionales consideró que debía negarse la medida cautelar por tratarse de disposiciones de orden público e interés social, otro estimó que la suspensión era procedente, atendiendo al principio de apariencia del buen derecho y tomando en cuenta que la Suprema Corte previamente había declarado la inconstitucionalidad del artículo 29-A, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en sesión del 3 de abril de 2024, el amparo en revisión 819/2023, que el artículo 29-A, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021. mismo que establecía que los CFDI únicamente podían cancelarse dentro del ejercicio fiscal en el que se expidieran y siempre que la persona a favor de quien se emitieran aceptara su cancelación.
El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fungió como ponente y, con una mayoría de cuatro votos, la Sala declaró que la norma reclamada era inconstitucional al considerarla contraria al principio de seguridad jurídica, pues no resultaba razonable ni congruente con el sistema normativo de cumplimiento de obligaciones fiscales.
Determinando que la limitación temporal ignoraba la naturaleza de los CFDI, los cuales adquieren relevancia jurídica hasta que las operaciones que amparan generan efectos fiscales, es decir, al momento de presentar declaraciones y calcular los impuestos correspondientes, lo cual no siempre ocurre dentro del mismo ejercicio fiscal.
Asimismo, el Alto Tribunal señaló que la regla controvertida pasaba por alto situaciones de la vida económica como errores en la emisión del CFDI, cancelaciones de servicios o incumplimientos contractuales, que pueden materializarse en fechas posteriores al ejercicio en que se expidió el comprobante.
En particular, se advirtió que, en casos de Impuesto Sobre la Renta, operaciones celebradas los días 30 o 31 de diciembre difícilmente podrían cancelarse dentro del ejercicio respectivo, cuando la obligación fiscal de declararlas ocurre hasta marzo del año siguiente para personas morales y hasta abril para personas físicas. Por tanto, la Primera Sala concluyó que la medida, lejos de otorgar certeza, generaba un estado de inseguridad jurídica al supeditar la cancelación de CFDI a un plazo arbitrario e irrazonable. En consecuencia, se concedió el amparo para inaplicar la porción normativa que restringía la cancelación a un solo ejercicio fiscal (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Amparo en revisión 819/2023, resuelto el 3 de abril de 2024).
Por otro lado, el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, resolvió la contradicción de criterios 30/2025 en sesión del 29 de mayo de 2025, derivada de los sustentados por los Tribunales Colegiados Décimo Tercero y Vigésimo Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
En la resolución se determinó que resulta improcedente la suspensión en amparo indirecto contra las normas relacionadas con el plazo para cancelar los CFDI, específicamente los artículos 22, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025; 29-A, párrafo cuarto; 81, fracción XLVI; 82, fracción XLII, del Código Fiscal de la Federación; así como la regla 2.7.1.46 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025. El criterio se sustentó en que dichas disposiciones establecen un plazo perentorio y de orden público para la cancelación de CFDI, que busca garantizar la trazabilidad de las operaciones fiscales y la adecuada recaudación en beneficio de la colectividad.
La justificación del Tribunal Regional señaló que, conforme al artículo 22, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación 2025, el plazo de cancelación se fija hasta el último día del mes en que deba presentarse la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, sustituyendo así el límite anterior previsto en el artículo 29-A del CFF, cuya inconstitucionalidad fue declarada por la Segunda Sala en el amparo en revisión 683/2023. En este sentido, se razonó que el nuevo límite temporal no adolece del mismo vicio de inconstitucionalidad, por lo que el principio de la apariencia del buen derecho debe ceder frente al orden público y al interés social, conforme a los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, privilegiando la certidumbre en la fiscalización sobre el interés particular de los contribuyentes. En consecuencia, se concluyó que la suspensión en amparo indirecto contra estas normas es improcedente, criterio que quedó plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 23/2025 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Conclusión.
A partir de los criterios analizados, en la litis se dilució y concluyó en que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 29-A, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, al estimar irrazonable y desproporcionada la limitación de cancelar los CFDI únicamente dentro del ejercicio fiscal en que fueron expedidos, lo cierto es que el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, en la contradicción de criterios 30/2025, determinó que no procede la suspensión en amparo indirecto contra el nuevo plazo previsto en el artículo 22, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación 2025. Este plazo sustituye al declarado inconstitucional y establece que los CFDI podrán cancelarse a más tardar el último día del mes en que deba presentarse la declaración anual del ISR, es decir, en marzo para personas morales y en abril para personas físicas. En consecuencia, jurídicamente, la declaratoria de inconstitucionalidad del 29-A no se traduce en una cancelación ilimitada, pues la nueva disposición legal desplaza su aplicación y fija un límite temporal distinto y vigente, que goza de presunción de validez hasta en tanto no sea invalidado en un proceso constitucional posterior.
¿Qué deben hacer los contribuyentes?
Ajustarse al plazo legal: cancelar o modificar los CFDI antes de la fecha límite vinculada a la declaración anual, evitando dejar comprobantes abiertos después de ese momento.
Prevenir errores de emisión: implementar controles internos previos al cierre contable y fiscal, con especial cuidado en operaciones de diciembre.
Monitorear criterios jurisdiccionales: estar atentos a futuros pronunciamientos de la Corte o de tribunales colegiados, que pudieran redefinir la validez del nuevo plazo.
The Digital Tax Receipt via Internet (CFDI) is the electronic document that serves as legal, tax, and fiscal support, reliably and transparently certifying taxpayers’ commercial operations in accordance with current tax provisions. Its purpose is to comply with tax obligations in a timely manner, as established in Article 31, Section IV, of the Political Constitution of the United Mexican States, as well as in Articles 1, 29, and 29-A of the Federal Tax Code (CFF).
In principle, the CFDI certifies the commercial transactions carried out by taxpayers, both as sellers of goods or providers of services and as purchasers. It allows these transactions to be known to the tax authority and, at the same time, facilitates and simplifies compliance with the obligations of tax payers. Similarly, it strengthens the supervisory work of the tax authorities by reflecting essential information: the identity of the person selling the goods or providing the service and the person acquiring them, the source of income or expenditure, a breakdown of taxes paid, and the date of the transaction.
It is now essential to understand and master the criteria issued by both administrative authorities and courts, as they form the basis for defining taxpayers’ actions vis-à-vis the tax authorities. The Tax Administration Service (SAT) has strengthened its so-called management powers, which are now its main verification tool. Using advanced technological systems, the SAT processes and cross-references the information contained in the CFDIs in real time, generating big data that allows it to detect inconsistencies, errors, or omissions in the declared transactions. In this context, the prevention of tax contingencies becomes a strategic element, as it not only avoids litigation and penalties but also provides greater legal certainty to taxpayers.
Contradiction of criteria.
In the context of the constitutional analysis of the provisions regulating the deadline for canceling CFDIs, an interpretative conflict arose between different Collegiate Circuit Courts regarding the admissibility of the suspension in the amparo proceedings brought against such rules. While one of the courts considered that the precautionary measure should be denied because it involved provisions of public order and social interest, another considered that the suspension was appropriate, based on the principle of prima facie validity and taking into account that the Supreme Court had previously declared the unconstitutionality of Article 29-A, fourth paragraph, of the Federal Tax Code.
The First Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation ruled, in a session on April 3, 2024, on amparo review 819/2023, that Article 29-A, fourth paragraph, of the Federal Tax Code, published in the Official Gazette of the Federation on November 12, 2021, which established that CFDI could only be canceled within the fiscal year in which they were issued and provided that the person in whose favor they were issued accepted their cancellation.
Justice Juan Luis González Alcántara Carrancá served as rapporteur, and with a majority of four votes, the Chamber declared that the challenged provision was unconstitutional, considering it contrary to the principle of legal certainty, as it was neither reasonable nor consistent with the regulatory system for compliance with tax obligations.
It determined that the time limitation ignored the nature of CFDIs, which acquire legal relevance only when the transactions they cover generate tax effects, i.e., when tax returns are filed and the corresponding taxes are calculated, which does not always occur within the same fiscal year.
Likewise, the High Court pointed out that the controversial rule overlooked situations in economic life such as errors in the issuance of CFDI, cancellations of services, or contractual breaches, which may occur after the fiscal year in which the receipt was issued.
In particular, it noted that, in cases of income tax, transactions carried out on December 30 or 31 could hardly be canceled within the respective fiscal year, when the tax obligation to declare them occurs in March of the following year for legal entities and in April for individuals. Therefore, the First Chamber concluded that the measure, far from providing certainty, created legal uncertainty by subjecting the cancellation of CFDI to an arbitrary and unreasonable time limit. Consequently, the amparo was granted to disapply the regulatory portion that restricted cancellation to a single fiscal year (Supreme Court of Justice of the Nation, First Chamber, Amparo in review 819/2023, decided on April 3, 2024).
On the other hand, the Regional Plenary in Administrative and Civil Matters of the Central-North Region, based in Mexico City, resolved the contradiction of criteria 30/2025 in a session on May 29, 2025, derived from those upheld by the Thirteenth and Twenty-Fourth Collegiate Courts, both in Administrative Matters of the First Circuit.
The resolution determined that the suspension in indirect amparo against the rules related to the deadline for canceling CFDI, specifically Articles 22, section VI, of the Federal Revenue Law for fiscal year 2025; 29-A, fourth paragraph; 81, section XLVI; 82, section XLII, of the Federal Tax Code; as well as rule 2.7.1.46 of the Miscellaneous Tax Resolution for 2025. The criterion was based on the fact that these provisions establish a peremptory and public order deadline for the cancellation of CFDI, which seeks to guarantee the traceability of tax operations and adequate collection for the benefit of the community.
The Regional Court’s justification stated that, in accordance with Article 22, section VI, of the Federal Revenue Law 2025, the cancellation deadline is set for the last day of the month in which the annual income tax return must be filed, thus replacing the previous limit provided for in Article 29-A of the CFF, which was declared unconstitutional by the Second Chamber in the amparo review 683/2023. In this regard, it was reasoned that the new time limit does not suffer from the same defect of unconstitutionality, so the principle of the appearance of good law must yield to public order and social interest, in accordance with Articles 128 and 138 of the Amparo Law, giving priority to certainty in taxation over the particular interests of taxpayers. Consequently, it was concluded that the suspension in indirect amparo against these rules is inadmissible, a criterion that was reflected in case law 1a./J. 23/2025 (11a.) of the First Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation.
Conclusion.
Based on the criteria analyzed, the litigation was diluted and concluded that although the First Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation declared Article 29-A, fourth paragraph, of the Federal Tax Code unconstitutional, considering the limitation of canceling CFDI only within the fiscal year in which they were issued to be unreasonable and disproportionate, the truth is that the Regional Plenary on Administrative and Civil Matters of the Central-North Region, in contradiction of criteria 30/2025, determined that the suspension in indirect amparo against the new term provided for in Article 22, section VI, of the Federal Revenue Law 2025 is not applicable. This deadline replaces the one declared unconstitutional and establishes that CFDI may be canceled no later than the last day of the month in which the annual income tax return must be filed, i.e., in March for legal entities and in April for individuals. Consequently, legally speaking, the declaration of unconstitutionality of 29-A does not translate into unlimited cancellation, as the new legal provision displaces its application and sets a different and current time limit, which enjoys a presumption of validity until it is invalidated in a subsequent constitutional proceeding.
What should taxpayers do?
Comply with the legal deadline: cancel or modify CFDIs before the deadline linked to the annual return, avoiding leaving receipts open after that date.
Prevent issuance errors: implement internal controls prior to the accounting and tax closing, with special care in December operations.
Monitor jurisdictional criteria: be alert to future rulings by the Court or collegiate courts that could redefine the validity of the new deadline.
