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En los últimos años en México hemos sido parte de una transformación y evolución del sistema tributario; sin embargo, dicha situación no es una casualidad, sino una consecuencia de la evolución internacional del modelo económico. Este entorno ha incrementado la necesidad de contar con servicios de auditoría preventiva y consultoría contable preventiva que fortalezcan el control interno en empresas y minimicen el riesgo fiscal.
Ello implica que diversos organismos internacionales formulen recomendaciones al Estado mexicano para modificar sus estrategias de fiscalización, con el objetivo de cumplir compromisos globales orientados a identificar y combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, así como la evasión y la elusión fiscal.
En este contexto, la fiscalización en México ha evolucionado significativamente, impulsada por el uso creciente de herramientas tecnológicas, creando mecanismos y figuras jurídicas que permiten observar y vigilar el origen y la trazabilidad de los recursos económicos, así como su impacto tributario, para detectar posibles simulaciones de actos que perjudiquen al Estado.
La información y los macro datos generados por los contribuyentes constituyen hoy una herramienta esencial para el ejercicio de las facultades de gestión de las autoridades fiscales; situación que se ha reflejado en la visión plasmada en el Plan Maestro de Fiscalización, como una estrategia gubernamental y/o políticas públicas para combatir la evasión y la elusión fiscal. Para el 2025, se prioriza el uso intensivo de tecnologías, buscando garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y prevenir la corrupción.
Por ello, es importante que todos los contribuyentes reflexionemos, generemos conciencia y adoptemos acciones concretas que nos permitan cumplir con los estándares que, en materia fiscal, resultan exigibles en la actualidad. Bajo esta premisa, es oportuno retomar el concepto de cumplimiento cooperativo, consolidado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el año 2013, entendido como un modelo orientado a garantizar el cumplimiento tributario de manera oportuna y preventiva, fomentando la transparencia, la confianza mutua y la reducción de riesgos fiscales en la relación entre la autoridad y el contribuyente.[2]
Este modelo busca fomentar una cultura de cumplimiento voluntario, en la que la confianza mutua entre contribuyente y autoridad fiscal se construye a través del intercambio oportuno y veraz de información.
La transparencia y la comunicación constante entre los contribuyentes y las Autoridades fiscales constituyen elementos esenciales para un sistema fiscal eficiente y equitativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el cumplimiento, por parte de los contribuyentes, de sus obligaciones de comunicación de información no sólo facilita las labores de fiscalización, sino que también puede contribuir a una mayor recaudación y a la reducción de conflictos fiscales, al permitir que las autoridades cuenten con datos veraces y oportunos para la correcta determinación de las contribuciones.
Asimismo, este modelo permite que la interacción abierta y el procesamiento constante de información entre el contribuyente y la autoridad fiscal faciliten la correcta aplicación de la ley. Máxime que la transparencia debe ser entendida como la disposición de poner a disposición de la autoridad datos claros, completos y verificables, lo que fortalece la confianza en el sistema tributario y disminuye la probabilidad de litigios innecesarios, generando un entorno más propicio para la recaudación voluntaria.
Por lo tanto, los contribuyentes deben crear, implementar y supervisar mecanismos internos de control y auditoría para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, teniendo como beneficio detectar y corregir oportunamente posibles incumplimientos, minimizando así riesgos de sanciones.
Entendiendo como mecanismos internos de verificación los siguientes:
- Confirmar que la información registrada en los sistemas de las autoridades coincida con la reflejada en la Constancia de Situación Fiscal.
- Verificar que el régimen fiscal declarado corresponda a las actividades económicas realizadas, así como la compatibilidad de los diferentes regímenes fiscales en caso de tributar simultáneamente en más de uno.
- Revisar de forma sistemática el estatus del domicilio fiscal, asegurando que la autoridad nos tenga registrados como “localizados”.
- Realizar una revisión periódica de la opinión de cumplimiento emitida por el SAT y por el IMSS.
- Confirmar la correcta habilitación del Buzón Tributario y la actualización de los medios de contacto.
- Realizar una revisión contable antes del cierre fiscal o revisión antes del cierre anual para prevenir errores contables frecuentes
Por otro lado, se consideran mecanismos internos de control avanzados los siguientes:
- Identificación de riesgos en los modelos de negocio, así como de clientes políticamente expuestos y proveedores con conductas atípicas.
- Detección y análisis de los procesos operativos y estratégicos.
- Implementación y mantenimiento de un repositorio de materialidad.
- Supervisión semanal, quincenal y mensual de la correcta emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
- Cumplimiento oportuno de las obligaciones societarias.
- Identificación del beneficiario controlador.
- Determinación de la obligación de elaborar el estudio de precios de transferencia.
- Identificación de la sujeción a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Contar con un servicio de auditoría externa que realice una revisión contable proactiva y proponga medidas correctivas oportunas
Todo lo anterior nos permitirá acceder a procedimientos más ágiles, menos invasivos y con menores cargas administrativas, en la medida en que se reduzcan las sospechas de incumplimiento; máxime que los esfuerzos realizados para estar en el cumplimiento cooperativo permitirán una estabilidad fiscal, financiera y patrimonial, priorizando la colaboración y la prevención por encima de la desconfianza y la sanción.
In recent years in Mexico, we have been part of a transformation and evolution of the tax system; however, this situation is not a coincidence, but rather a consequence of the international evolution of the economic model. This environment has increased the need for preventive auditing and accounting consulting services that strengthen internal control in companies and minimize tax risk.
This means that various international organizations are making recommendations to the Mexican government to modify its tax enforcement strategies in order to comply with global commitments aimed at identifying and combating money laundering, terrorist financing, and tax evasion and avoidance.
In this context, tax enforcement in Mexico has evolved significantly, driven by the growing use of technological tools, creating mechanisms and legal entities that allow for the observation and monitoring of the origin and traceability of economic resources, as well as their tax impact, in order to detect possible simulations of acts that harm the State.
The information and big data generated by taxpayers are now an essential tool for the exercise of the management powers of the tax authorities, a situation that has been reflected in the vision set out in the Master Tax Audit Plan as a government strategy and/or public policy to combat tax evasion and avoidance. By 2025, priority will be given to the intensive use of technologies, seeking to ensure compliance with tax obligations and prevent corruption.
Therefore, it is important that all taxpayers reflect, raise awareness, and take concrete actions that allow us to comply with the standards that are currently required in tax matters. Under this premise, it is appropriate to revisit the concept of cooperative compliance, consolidated by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in 2013, understood as a model aimed at ensuring timely and preventive tax compliance, promoting transparency, mutual trust, and the reduction of tax risks in the relationship between the authority and the taxpayer.
This model seeks to foster a culture of voluntary compliance, in which mutual trust between taxpayers and tax authorities is built through the timely and accurate exchange of information.
Transparency and constant communication between taxpayers and tax authorities are essential elements of an efficient and equitable tax system. The Supreme Court of Justice of the Nation has held that taxpayers’ compliance with their information reporting obligations not only facilitates auditing tasks but can also contribute to higher tax collection and the reduction of tax disputes by providing authorities with accurate and timely data for the correct determination of taxes.
Likewise, this model allows for open interaction and constant processing of information between the taxpayer and the tax authority, facilitating the correct application of the law. Transparency should be understood as the willingness to provide the authority with clear, complete, and verifiable data, which strengthens confidence in the tax system and reduces the likelihood of unnecessary litigation, creating an environment more conducive to voluntary tax collection.
Therefore, taxpayers must create, implement, and monitor internal control and audit mechanisms to facilitate compliance with tax obligations, with the benefit of detecting and correcting possible non-compliance in a timely manner, thus minimizing the risk of penalties.
Internal verification mechanisms are understood to be the following:
- Confirm that the information recorded in the authorities’ systems matches that reflected in the Tax Status Certificate.
- Verify that the declared tax regime corresponds to the economic activities carried out, as well as the compatibility of the different tax regimes in the event of simultaneous taxation in more than one.
- Systematically review the status of the tax domicile, ensuring that the authority has us registered as “located.”
- Conduct a periodic review of the compliance opinion issued by the SAT and the IMSS.
- Confirm the correct activation of the Tax Mailbox and the updating of contact information.
- Perform an accounting review before the fiscal year-end or review before the annual closing to prevent frequent accounting errors.
On the other hand, the following are considered advanced internal control mechanisms:
- Identification of risks in business models, as well as politically exposed customers and suppliers with atypical behavior.
- Detection and analysis of operational and strategic processes.
- Implementation and maintenance of a materiality repository.
- Weekly, biweekly, and monthly supervision of the correct issuance of Digital Tax Receipts via the Internet (CFDI).
- Timely compliance with corporate obligations.
- Identification of the controlling beneficiary.
- Determination of the obligation to prepare a transfer pricing study.
- Identification of compliance with the Federal Law for the Prevention and Identification of Operations with Illicit Resources.
- Having an external audit service that performs a proactive accounting review and proposes timely corrective measures.
All of the above will allow us to access more agile, less invasive procedures with lower administrative burdens, to the extent that suspicions of non-compliance are reduced; especially since the efforts made to be in cooperative compliance will allow for fiscal, financial, and patrimonial stability, prioritizing collaboration and prevention over mistrust and punishment.
