Cuando se realiza un proyecto arquitectónico, las
insatisfacciones de los clientes pueden provenir de diferentes
lugares, pero lo importante, antes de que el conflicto tome un
cauce judicial frente a un tribunal, es identificar la fuente del
conflicto.
El derecho, como disciplina, tiene a la lógica como una de sus
herramientas esenciales. Muchas de las premisas del derecho se
basan en argumentos que forman la tesis, antítesis y síntesis del
argumento, en concordancia con el modelo dialéctico hegeliano.
De esta forma, podemos agrupar la problemática, entre el cliente
y el proveedor, en tres grandes rubros:
1) conflictos previos a la construcción de un producto
inmobiliario, que normalmente atañe a la fase de la
contratación en sí;
2) conflictos durante la etapa de construcción, que normalmente
se refieren a retrasos en obra y a la mala calidad de los
materiales empleados; y
3) Conflictos posteriores a la entrega del bien inmueble
adquirido o que se hicieron aparentes durante el recorrido de
entrega. Aquí podemos incluir aquellos considerados como
vicios ocultos que atañen a temas de garantía.
Ahora bien, si el conflicto no puede conciliarse entre las partes,
surge la necesidad de que profesionales en soluciones de
conflictos, léase abogados, árbitros o bien mediadores, tomen
manos en el asunto. En algunos estados de México, ya están
certificados para que intervengan en la solución de dichos
conflictos.
No todo problema se arregla – ni es recomendable que se arregle
– en los tribunales y siempre se debe buscar una conciliación
previa, tanto por los costos como por el tiempo de resolución. La
carga procesal que existe en los tribunales, además del rezago
histórico de expedientes, nos obliga a pensar en otros métodos
para arribar a una solución negociada y pactada.
La previsión de conflictos es una tarea fundamental del asesor
jurídico al establecerse, desde el inicio, una relación de negocios
entre el adquirente de un determinado inmueble y el vendedor
respectivo. Si, por ejemplo, la relación empieza a partir de un
contrato bien redactado que contemple penalidades factibles de
aplicación en caso de incumplimiento por alguna de las partes, al
menos existen las bases para que en caso de retraso en obra,
faltantes en los materiales empleados o vicios ocultos haya una
manera de presionar directamente al desarrollador o vendedor.
Lamentablemente, los conflictos son inevitables, pero en la
medida que, en primer término, se realice una auditoría legal de
compra correcta, se contrate con un desarrollador serio, es decir,
ya sea uno que haya entregado inmuebles satisfactoriamente en
el pasado, de los cuales se pueda pedir referencia, o bien, si es
un novel, que se pueda revisar su currículum y referencias
comerciales, y exista un contrato sólido se habrán sentado las
bases para una resolución práctica de los conflictos que
invariablemente surgirán.