La reciente aprobación de la Reforma Constitucional al Poder Judicial en México ha encendido una luz de alarma en diversos sectores del ámbito jurídico. Para muchos expertos, se trata de una modificación regresiva que amenaza la independencia judicial, uno de los pilares fundamentales de un sistema democrático.

Víctor Oléa, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, ha sido una de las voces más firmes en criticar esta reforma, calificándola de “antidemocrática” y “regresiva”. El tema no es menor: lo que está en juego no solo es la estructura del poder judicial, sino la estabilidad de un Estado de derecho en el que el sistema de justicia funcione como contrapeso a los demás poderes.

La crítica a esta reforma se centra en la erosión de la separación de poderes, principio básico de la democracia. Cuando el Poder Judicial pierde su independencia, se abre la puerta a la interferencia política en la impartición de justicia, lo cual afecta gravemente a los derechos de los ciudadanos.

Oléa ha advertido que esta reforma no solo afectará a los abogados y profesionales del derecho, sino a la sociedad mexicana en su conjunto, pues socava la confianza en las instituciones y en el sistema de justicia.

El núcleo de la controversia radica en la naturaleza regresiva de la reforma. Víctor Oléa, junto con otros actores de la comunidad jurídica, considera que el debilitamiento de la independencia judicial allana el camino hacia el autoritarismo. La intervención de otros poderes en la toma de decisiones judiciales compromete la objetividad y la imparcialidad de los jueces, magistrados y ministros, elementos clave para garantizar juicios justos.

La reforma parece ser un retroceso para los avances que México ha logrado en la construcción de un Estado de derecho robusto y funcional.

Uno de los aspectos más inquietantes es la desvalorización de la profesión jurídica. Oléa subraya que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, ha luchado históricamente para defender el respeto a la ley y el papel del abogado en la salvaguarda de los derechos humanos. Sin embargo, esta reforma amenaza con menospreciar el valor de la profesión jurídica, ya que limita la capacidad de los defensores de la ley para actuar en un entorno donde el sistema de justicia ya no es autónomo ni imparcial. El daño a la profesión puede repercutir en una menor confianza en la justicia y en la capacidad de los abogados para defender a sus clientes.