De nada sirve cambio de régimen si las leyes consagradas en leyes previamente promulgadas no estén siendo cumplidas a cabalidad ni su vigencia –y vivencia- vigilada; es decir, si un gobierno no apoya al sector inmobiliario difícilmente podrá crecer al ritmo que exigen las sociedades actuales.

Por ejemplo, en México, desde finales de 2018, han decrecido las inversiones inmobiliarias, nacionales y extranjeras, producto de cancelaciones de proyectos de infraestructura de primer orden como lo fue el aeropuerto de Texcoco, la planta cervecera de Mexicali y el tren rápido (eléctrico) de Ciudad de México a Querétaro.

A raíz de estos recientes casos emblemáticos, ¿qué posición han adoptado los consorcios inmobiliarios, los REIT’s (Fideicomisos Bursátiles Sobre bienes Raíces – Real Estate Investment Trusts) institucionales y demás inversionistas privados cuando hay marcha atrás respecto de compromisos contractuales y convencionales internacionales? La respuesta es fácil: la inversión futura primero se detiene, luego se cancela y finalmente se redirigen a otros países cuyos gobiernos entienden que el nerviosismo natural de los mercados debe sólo paliarse con acciones concretas en favor del estado de derecho.

Aquí no se trata de discursos sino de hechos comprobables contra presupuesto comprometido y entregado, medible en PIB y en estadísticas sobre inversión extranjera directa (IED). Todo lo demás es demagogia pura que sólo logra engañar a quien cree en una realidad alterna que anida en la imaginación del burócrata promedio. Por cierto, toda similitud con algún régimen latinoamericano no es coincidencia. Ya lo expresó Álvaro Vargas Llosa en el “Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano” y Andrés Oppenheimer en un libro sobre cuentos chinos en América que tal parece presagiaron, el primero hace poco más de veinticinco años y el segundo hace quince, al México de 2021.

Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la parte inmobiliaria? Pues que sin un estado de derecho pleno, robusto y vigoroso estaremos presos de capitales golondrinos que sólo beneficien en el corto plazo a sus titulares sin que haya una derrama de mediano y largo plazo en el país. Esto ya lo estamos registrando en los pésimos niveles de nueva inversión inmobiliaria que, aunque se anuncia con bombo y platillo simplemente no se aterriza y queda en buenos deseos.

México se encuentra en una encrucijada importante pues después de décadas de ritmos de inversión inmobiliaria ascendente, producto de su apertura comercial y sus redes de tratados de libre comercio con diferentes regiones del mundo, se ha estancado porque su actual gobierno se ha empeñado en cancelar compromisos internacionales que han cambiado las reglas del juego respecto de proyectos inmobiliarios importantes.

Estos, dada su naturaleza, exceden la temporalidad de un determinado sexenio, por lo que la palabra empeñada, tanto en la esfera de los particulares como, con mayor razón, en los gobiernos, debe significar una promesa válida, creíble y exigible. Dicha exigibilidad no debe ser la excepción sino la regla porque si la inversión inmobiliaria es el detonante natural del crecimiento de una determinada región del país también lo es que su ausencia retrasa los diferentes planes de desarrollo que se preparan con base, precisamente, en proyecciones de inversión. El gobierno no lo puede todo y el dinero para este tipo de inversiones debe venir no del erario sino del sector privado, tanto nacional como extranjero.

Debemos, por tanto, ser vigilantes para que el sector inmobiliario se le fortalezca mediante el cumplimiento contractual y convencional (por medio de tratados) internacional porque ya la historia nos ha enseñado que la tierra y su seguridad jurídica han sido fuente de discordia revolucionaria. Esto bien puede evitarse en el futuro si el gobierno decide, por fin, fortalecer al sector inmobiliario mediante una receta sencilla: cumplir con lo acordado en la esfera gubernamental y evitar que colores o signos políticos distorsionen la prevalencia del estado de derecho en la materia inmobiliaria.