Los Cabos, al igual que el resto de Baja California Sur, están ya inmersos en una etapa muy difícil, tanto por la temporada de tormentas y huracanes que, como cada año, suele iniciar en agosto y concluir en octubre (si bien nos va), y porque, particularmente, este mes de septiembre será la primera prueba de fuego para los tres niveles de gobierno actuales, en relación con su desempeño ante la aproximación de los primeros fenómenos hidrometeorológicos de consideración que pudieran impactarnos, lo que al momento de escribir esta entrega, es el caso.

Lo primero que llama la atención es la consigna del gobierno federal de aplicar, para todo lo posible, la austeridad, que incluye a los gobiernos estatales y municipales, lo que podría ser comprensible debido a los abusos –innegables- de administraciones anteriores.

Sin embargo, esta dichosa austeridad conlleva una muy mala noticia, y es que los rubros que más se han visto afectados son varios: la salud por la falta de apoyos a personal médico, hospitales y, sobre todo, el desabasto de medicinas, especialmente las oncológicos para los menores con cáncer; destaca también la reducción dramática para el tema del medio ambiente como ya lo vimos particularmente con los mares que rodean a nuestra media península sur de Baja California, lo que se refleja en la incapacidad de las autoridades ambientales, que van desde la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al medio Ambiente) entre otras, que además tienen la consigna rigorosa de no proporcionar información, como pasó con las graves consecuencias de derrame de diesel por el yate que se incendió frente a la playa Balandra cerca de La Paz y los agravios de pesca ilegal alrededor del Archipiélago de Espíritu Santo por la falta de vigilancia como también sucede con la anarquía y sobrecarga de embarcaciones en la bahía de Cabo San Lucas, por mencionar solo tres casos.

Tampoco se puede ignorar el tema de Protección Civil (PC), fundamental para enfrentar los ciclones, como es el caso actual en Los Cabos y el resto de la entidad en esta temporada. Y es que, de acuerdo con la misma titular de PC de Los Cabos, Leticia Rivera, hay problemas de mantenimiento con ambulancias e insuficientes insumos para atender a los posibles damnificados. Hay que recordar que son más de 20 mil personas que viven en zonas vulnerables y que están en riesgo en esta temporada, lo que no es algo nuevo aunque si preocupante porque el número de ellas sigue incrementándose.

La buena noticia es que en esta administración municipal, el alcalde ha comenzado a escuchar y acercarse a la iniciativa privada a través de grupos de profesionales activos y comprometidos con Los Cabos que ya han demostrado su solidaridad en contribuir con proyectos, ideas e incluso recursos económicos, técnicos y profesionales para resolver graves problemas de infraestructura en vialidades, agua potable, tratamiento de aguas residuales y otros similares de importancia similar.

Lo anterior, sin minimizar la gravedad de la austeridad en los temas citados, muestra que la propia sociedad comienza a dejar de victimizarse por la actuación de lo que se solía llamar “papá gobierno” y ahora levanta la voz no para criticar sino para involucrarse y proponer acciones concretas la resolución de los problemas torales de este municipio de más de 400 mil habitantes con un enorme potencial de desarrollarse buscando, en todo momento, reducir el abismo entre el desarrollo turístico y los estratos sociales más vulnerables evitando, de entrada, que sigan creciendo y que cada día obtengan, de forma exponencial, más oportunidades para lograr una mejor calidad de vida.