Este acto administrativo es ejemplo de la mala planeación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal respecto de un tema que, por malicia o ignorancia, se le ha asociado sin remedio a innumerables corruptelas, evasiones fiscales en materia inmobiliaria o malas prácticas administrativas.

En primer lugar, la especialización laboral es un requisito indispensable para el buen funcionamiento de toda sociedad mercantil dedicada al ramo de la construcción. Esto se empezó a generalizar desde la revolución industrial y nuestra normatividad laboral ha recogido, en diversos momentos morales, esta necesidad a través de diferentes reformas.

Ahora bien, el actual gobierno federal con su ya conocido estilo de cirugía con machete, castiga a la gran mayoría de sociedades del rubro de la construcción al requerirles cambios estatutarios, so pena de ser catalogadas como evasoras, ya que desafortunadamente se prohibió de tajo la subcontratación laboral tan necesaria en el ramo inmobiliario.

Al igual que ocurrió hace un par de años cuando, para evitar la ordeña de ductos de Pemex, se produjo un enorme desabasto no calculado, hoy toca el turno a la subcontratación laboral para evitar un problema muy focalizado: las simulaciones laborales que constituían evasión fiscal en el sector inmobiliario. Así, las llamadas “factureras” proporcionaban comprobantes fiscales oficiales a través de sociedades fantasma con el único objetivo de reducir la carga impositiva en obras de una manera cuestionable.

Nuevamente el diagnóstico me parece errado por parte del gobierno federal, así como la solución propuesta; es decir, la prohibición, respecto de la subcontratación está causando estragos a todas las sociedades mercantiles del sector de la construcción del país que, sin deberla ni temerla deben ahora acudir ante fedatario para reformar estatutos y que sus objetos sociales “de cajón” sean muy específicos para no caer en territorio de auditoría laboral que, dicho sea de paso, viene acompañada por autoridades fiscales y hasta penales.

Es una tristeza ver al ya de por sí golpeado rubro inmobiliario y de obras tener que afrontar nuevos gastos para cumplir, a mi juicio, simples caprichos de gobierno.

Una prórroga de un mes, como el publicado la semana pasada, respecto al decreto de aplicación de la norma en materia de subcontratación, de poco sirve cuando la solución debe provenir de otra dependencia: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al tema recaudatorio en el rubro inmobiliario.

Me parece que a este gobierno les faltan bisturís y le sobran machetes, lentes y no telescopios.